El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) exige la destitución e investigación del ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, tras la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, quien se encontraba en desaparición forzada desde hace 16 meses.
El proceso de la detención no concuerda con el procedimiento normal de un detenido. Según el testimonio de la madre de la víctima, Carmen Teresa Navas, su hijo fue detenido por la DGCIM. ¿Cómo es que este organismo detiene a una persona que no conoce? ¿Por qué la DGCIM no tomó los datos filiatorios y las huellas dactilares para identificarlo, como debería hacerlo cualquier órgano policial?
Esta muerte es una nueva demostración de la irresponsabilidad del régimen frente a las personas privadas de libertad. Aun cuando el Ministerio para el Servicio Penitenciario alegue que Víctor no portaba documentos físicos de identificación, el Estado tenía la obligación legal de coordinar con el SAIME para garantizar su derecho a la identidad, tal como lo establecen los protocolos básicos de custodia y registro penitenciario.
Al respecto, nos seguimos preguntando: ¿cómo es posible que una persona permanezca detenida sin una orden de detención? ¿Cómo es que las autoridades no sabían a quién tenían recluido?
Asimismo, un centro penitenciario no puede recibir a un privado de libertad sin conocer qué tribunal ordenó su reclusión. Entonces, ¿quién ordenó el traslado de Víctor al Rodeo I? ¿Estamos frente a una cadena de complicidades entre la DGCIM y las autoridades del Rodeo I?
En este punto es importante recordar que, desde el momento de la detención, la madre de Víctor Hugo, de 81 años de edad, recorrió varias sedes policiales, acudió al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo buscando información sobre el paradero de su hijo, pero nunca obtuvo respuestas.
A pesar de acudir en reiteradas oportunidades al Rodeo I, las autoridades siempre negaron que Víctor estuviera recluido allí. Nunca le ofrecieron información y, aunque fue víctima de humillaciones y maltratos por parte de funcionarios, continuó buscándolo hasta el final.
Ahora bien, en la aprobación de medidas cautelares otorgadas por la CIDH quedó constancia de que “en el mes de octubre de 2025 una funcionaria de la Defensoría del Pueblo confirmó en el Ministerio Público la existencia de un expediente contra Víctor. Se revela que está recluido en El Rodeo I y se formalizó ante este organismo la denuncia verbal por desaparición forzada”.
Entonces las preguntas son aún más graves: ¿cómo es posible que la Defensoría del Pueblo conociera la existencia del expediente y aun así la familia siguiera sin respuestas? ¿Por qué el Ministerio Público nunca exigió verificar personalmente la condición física de Víctor ni constatar si seguía con vida?
A esto se suma otra grave contradicción, y es que la fotografía de la lápida donde presuntamente reposan los restos de Víctor contradice la versión oficial ofrecida por el Ministerio para el Servicio Penitenciario, ya que en esta aparece una fecha de muerte distinta a la informada públicamente, además de su identidad completa y fecha de nacimiento.
¿Cómo es que sí existían datos suficientes para identificarlo después de muerto, pero no para ubicar a sus familiares mientras permanecía bajo custodia? ¿Quién ordenó su entierro? ¿Bajo qué procedimiento fue sepultado?
Es primera vez en la historia del penitenciarismo venezolano que se registra una situación de esta naturaleza, y la muerte de Víctor bajo custodia del Estado tiene una cadena de responsabilidades que debe ser investigada.
OVP ha documentado durante 2025 la muerte de cuatro presos políticos bajo custodia del Estado venezolano y, desde el año 2015, un total de 28 presos políticos fallecidos mientras permanecían detenidos. El caso de Víctor no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que continúa dejando víctimas dentro del sistema de reclusión venezolano.
Exigimos una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial contra las autoridades del Rodeo I, contra el Hospital Militar donde murió Víctor y cuyos funcionarios fueron testigos de estos hechos, así como contra Adolfo Ruiz, quien para ese momento ejercía como Defensor del Pueblo, y Tareck William Saab, entonces Fiscal General de la República.
Desde el OVP estamos informando esta grave situación al sistema interamericano y universal de derechos humanos.
Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones
Fotos: Cortesía Rafael Hernández
