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Presos de Táchira sufren por cortes eléctricos de hasta 12 horas

Al igual que toda la población tachirense, los presos albergados en diversos calabozos policiales padecen por los cortes de luz de entre 9 y 12 horas que azotan a esta región desde hace mucho tiempo. 

“Aunque el ciudadano común también vive la pesadilla por la falta del fluido eléctrico, el preso la padece doble. Cuando se va la luz los reclusos están encerrados en cuartos pequeños donde no pueden moverse, tienen que turnarse para sentarse y la temperatura aumenta considerablemente”, explicó Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).

La abogada y defensora de derechos humanos agregó que, aunque esta situación también se vive en otras regiones, el estado Táchira es una de las más afectadas. 

“Esto es inhumano para los presos, aunado a que los funcionarios policiales deben multiplicar esfuerzos para evitar una fuga u otras situaciones irregulares”, detalló Girón, al tiempo que recordó que el personal policial no recibe formación para el tratamiento adecuado de los privados de libertad, pues los centros de detención preventiva no deben albergar detenidos durante más de 48 horas. No obstante, es de público conocimiento que en los calabozos policiales hay presos con hasta cinco años de estadía. 

La desnutrición los acecha

Otro de los graves problemas que aqueja a los presos del Táchira es la falla en el suministro de alimentos, cuya principal consecuencia es el alto índice de desnutrición entre la población reclusa. 

En ese sentido, el equipo del OVP en la entidad conoció que algunos detenidos han rebajado hasta 50 kilos en los últimos meses. 

Cabe destacar que la alimentación de los reclusos en Táchira está a cargo de sus familiares, quienes en su gran mayoría se ven imposibilitados de trasladarse a las sedes policiales por la escasez de gasolina y las restricciones de la cuarentena obligatoria por Covid-19. 

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones  

OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.