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Reclusos de PoliYaracuy  fueron castigados a la intemperie tras la fuga masiva

Más de 700 presos de la Comandancia General de la Policía del estado Yaracuy son presuntamente castigados tras la fuga de aproximadamente 100 compañeros de celda.

Carolina Girón, directora del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), informó que los detenidos han sido sometidos a varias requisas, en las que fueron presuntamente maltratados y despojados de sus pertenencias. Aunado a esto, permanecieron durante largas horas bajo el inclemente sol y la lluvia en el patio de la institución policial.

Según las denuncias de sus familiares, sólo les suministran alimentos en horas de la tarde o noche, y en algunos casos ni siquiera les entregan la paquetería, por lo que algunos reos están descompensados. Tampoco les estarían dando acceso a agua potable.

“Están siendo muy maltratados y algunos se cortaron la piel como medida de protesta, quemaron colchonetas para llamar la atención y amenazan con iniciar una huelga de hambre. Nosotros lo único que pedimos es que no los torturen, son seres humanos”, expresó la angustiada madre de un detenido, quien pidió no ser identificada por temor a represalias.

De igual manera, se conoció que los reos presuntamente castigados son los que se encuentran en la denominaba población general, pues hay otro grupo en anexos que continúan con su rutina habitual. No obstante, todos se ven afectados por el hacinamiento, las condiciones insalubres y la falta de atención médica.

Tras la fuga registrada el 1 de agosto, fallecieron 6 de los prófugos en presuntos enfrentamientos, aproximadamente otros 43 fueron recapturados durante operativos policiales y más de 40 reclusos permanecen en fuga.

“Queremos saber cuál es la información real, cuántos presos están adentro y sus condiciones, no todos se iban a fugar y por eso no todos tienen que pagar. Pedimos que nos digan quiénes son los fallecidos y quiénes son los fugados”, expresó la esposa de otro privado de libertad.

A través de su coordinación en el estado Yaracuy, el Observatorio Venezolano de Prisiones pudo constatar que los fallecidos fueron ingresados a la morgue de San Felipe y fueron identificados como Juan Carlos Martínez Hernández, Naudan José Rodríguez Medina, Yonathan José González Gillarte, Miguel Arcángel Ramírez Rojas, Harold Daniel Cartaya Giménez y una sexta persona que hasta la fecha no ha sido identificada.

Presos con TBC no reciben tratamiento

Al menos 60 reclusos de esta comandancia general fueron diagnosticados con tuberculosis y tenían tres meses sin recibir tratamiento. Al parecer, los medicamentos eran suministrados desde Caracas pero en el último tiempo no llegaban por las restricciones propias de la cuarentena obligatoria a causa de la pandemia por Covid-19.

El viernes 31 de julio, los enfermos fueron sometidos a pruebas de esputo, al igual que otros reclusos que presentaban síntomas compatibles, y el resultado final arrojó 12 nuevos casos de tuberculosis dentro de los calabozos.

Presuntamente en PoliYaracuy no han tenido consideración con los enfermos, pues ellos también son sometidos a los castigos y continúan sin recibir tratamiento. Hasta la fecha tampoco hay un pronunciamiento oficial en torno a los hechos, mientras que los medios locales informaron sobre la detención de más de 10 funcionarios policiales.

“Los familiares deben ser informados debidamente, es su derecho. Mientras que los presos enfermos deben recibir atención médica y tratamiento con carácter de urgencia”, sentenció la directora del OVP.

En ese sentido, puntualizó que “estos calabozos tienen un grave problema de hacinamiento que debe ser resuelto a la brevedad posible, no es posible que tengan una población similar a la del Internado Judicial de Yaracuy. Las autoridades no están cumpliendo con su trabajo y violan flagrantemente los derechos humanos de los privados de libertad en Venezuela”.

Prensa Observatorio Venezolano de Prisiones

OVP

El Observatorio Venezolano de Prisiones es una organización no gubernamental, fundada en el año 2002, que tiene como principal atribución velar por el debido respeto de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad en el territorio nacional.