A través de la red social Twitter se hizo eco de un grupo de privados de libertad que fueron obligados a limpiar los alrededores de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide. Esta situación es conocida como “presidio abierto” y es una modalidad de pena privativa de libertad que se empleaba en el siglo XIX.
Así lo informó Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), quien denunció que al menos 100 presos fueron uniformados y sacados a la calle, bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), lo que evidentemente va en detrimento del trato digno y humanitario del recluso que está consagrado en los tratados internacionales.
“Con la promulgación de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU), se recomendó que los presos no estén uniformados porque esta medida despersonaliza al recluso que poco a poco perdería su identidad dentro de la cárcel. En el siglo XIX se aplicaban este tipo de penas infamantes que sometían a los presos al escarnio público, obviamente Venezuela va en retroceso en cuando a materia de Derechos Humanos se refiere”, sentenció Prado.
Asimismo destacó que desconocen el fundamento jurídico que adoptó el Ministerio de Servicios Penitenciarios para emplear esta medida. “¿Por qué estos presos están saliendo uniformados? ¿Son procesados, penados o hasta adolescentes? Son tantas interrogantes que avalan nuestra preocupación por una flagrante violación al derecho de trato digno y humanitario de los privados de libertad. Esta acción los estigmatiza y además es muy grave que algún procesado sea sometido a esta arbitrariedad”, enfatizó el director del OVP.
Cabe destacar que desde hace más de un año, el director del OVP ha liderado una gira a escala nacional para dar a conocer las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, también conocidas como “Reglas Mandela”, las cuales prevén incorporar una serie de principios que deben guiar las condiciones de encarcelamiento, tales como a) el respeto a la dignidad humana y la prohibición de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; b) la cárcel no puede agravar los sufrimientos inherentes a la propia privación de libertad; c) la pena debe procurar la adecuada reinserción de la persona en la sociedad; d) deben reducirse al mínimo las diferencias entre la vida en prisión y la vida en libertad.
No obstante, a pesar de las constantes recomendaciones del OVP al Ministerio de Servicios Penitenciarios, el Estado venezolano hace caso omiso a la crisis carcelaria que afecta a más de 95 mil reclusos. “En Venezuela queremos tener un sistema penitenciario que no solo se encargue del servicio al privado de libertad, de cuando entran y salen del penal, sino que además se deben garantizar medidas cautelares para que la persona sea enjuiciada en libertad. La prisión es tan contaminante que lamentablemente la persona que entra termina graduándose en estas universidades del delito, donde el bueno sale malo y el malo mucho peor”, puntualizó Prado.
